Cuando un edificio cuenta ya con casi un siglo de existencia, parece evidente que la autoridad municipal adquiere, a su respecto, dos obligaciones delicadas. La primera es –mediante las periódicas y frecuentes inspecciones- controlar si esa vetustez ha afectado su estructura, cosa generalmente perceptible por la existencia de grietas o de paredes carcomidas. La segunda consiste en tomar recaudos especiales a la hora de que se les practique algún remodelado, o que se proponga demolerlas.
Estas obligaciones -elementales, por otra parte- tienen su obvio justificativo en el hecho de que tales construcciones pueden de pronto derrumbarse, generando tragedias como la que conmovió a nuestra ciudad la noche del miércoles último.
Nadie discute que los edificios antiguos deben preservarse, cuando poseen características que los hacen cultural o históricamente valiosos. Así ocurre en todas las ciudades civilizadas del mundo. Pero esa tarea tiene que estar enmarcada por precauciones especiales, para mantenerlas en pie y sin que representen riesgos para nadie. Así, autorizar tareas de remodelado o de demolición en un inmueble que cuenta un número apreciable de años, no es lo mismo que autorizarlas en uno que no los tenga. Incluso, esos permisos debieran ser acordados sólo después de contar con el asesoramiento de expertos en la temática.
Por cierto que el caso del ex cine Grand Splendid y ex teatro Parravicini, deberá ser objeto de las investigaciones debidas. Ellas establecerán si se observaron, de parte de la empresa que ejecutó los trabajos y del organismo autorizante, los recaudos de seguridad que correspondían. Hay que suponer también que, luego de tan desdichada experiencia, se procederá a revisar, y en su caso modificar, las estipulaciones vigentes hasta ahora. Esto a fin de que siquiera algún saldo positivo surja de un suceso tan dramático.
Pero, más allá del mismo, lo que interesa es establecer un criterio general, y aplicarlo desde ahora en adelante sin excepciones. En nuestra ciudad capital, debe llevarse a cabo un minucioso relevamiento, cuadra por cuadra, de las edificaciones -de uno o más pisos- que por su vetustez y su aspecto pudieran encerrar peligro de derrumbe. El relevamiento debe abarcar también las tapias que enmarcan espacios vacíos, y cuya fragilidad a veces es más que notoria. Y establecido que sea el riesgo, debe producirse el dictado de enérgicas medidas para conjurarlo, que vayan desde obligar al refuerzo de la estructura hasta la demolición sin contemplaciones.
Por otro lado, como lo hemos hecho notar en nuestros comentarios, esa inspección debe atender igualmente los balcones, así como las molduras y adornos de la fachada, que no pocas veces se han desprendido y cayeron sobre la vereda y la calle. Agreguemos que debieran inspeccionarse, asimismo, en las grandes marquesinas de metal o los grandes carteles de los comercios, la firmeza de sus amarres, ya que el mal estado de ellos los incluye entre las amenazas que acechan a las personas en la vía pública. Está de más decir en que todo esto, para que sea realmente efectivo, debe ejecutarse como una tarea sostenida, poniendo en ejecución las medidas de prevención que se dispongan y haciéndolas cumplir con estrictez. Habitualmente circulamos por las calles, a pie o en automotores, sin pensar que las paredes que nos rodean pueden encerrar peligros muy grandes. Es obra de buen gobierno prevenirlos.